Inician Juicio Administrativo al CPE por falta de documentación con altas y bajas del personal docente

Hace 2 meses Santa Cruz

El Tribunal de Cuentas resolvió abrir un juicio administrativo de responsabilidad contra el Concejo de Educación por presunto ¨prejuicio patrimonial¨ en la asignación de horas cátedra.

Inician Juicio Administrativo al CPE por falta de documentación con altas y bajas del personal docente

Luego de haber producido un informe sobre una situación irregular de la docente María del Pilar Ardanza, designada en 29 horas cátedra dentro InSET (Instituto Superior de Educación Técnica) a lo que se suman 7 horas cátedra más pertenecientes a la Ley Plan Fines, completando de esta manera el “doble cargo” impuesto por Néstor Kirchner  bajo el Decreto 1398/92, a quien no se encuentra en Río Gallegos desde hace alrededor de 4 años y es nuera de la señora Norma Benedetto, Secretaria de Coordinación Educativa en el Consejo Provincial de Educación, la funcionaria molesta con la notaadvirtió por carta documento al medio Opi Santa Cruz que las publicaciones efectuadas el 18 y 19 de septiembre, son “acusaciones infundadas”, por cuanto se la acusa de transgredir la normativa vigente del CPE de la cual ella es funcionaria.

En efecto, tanto en nuestra nota de investigación del día 18 “Pariente de una autoridad provincial de Educación en situación irregular e ilegal en el InSET de Río Gallegos”, donde se daba cuenta de la situación de revista de la docente María Pilar Ardanza y la nota del día 19, titulada “ADOSAC hará presentaciones en contra de la profesora Norma Benedetto y solicitará su renuncia” en la cual se realizó una entrevista al Secretario General de ADOSAC, Pedro Cormak, quien ratificó las irregularidades de la funcionaria y la acusó de ser la principal demandante de apego a las Directivas y Reglamentaciones por lo cual solicitan su renuncia, en ambos casos quedan ratificadas los datos e información allí destacada, a los que podemos agregarle como datos accesorios que según obra en la documentación donde consta la Planta Funcional del INSET (Instituto Superior de Enseñanza Técnica), la docente María Pilar Ardanza figura en el espacio curricular “Sistema de Medición” 08/08/2012 con 6 hs cátedra y curiosamente no se han podido hallar firmadas por la docente, las planillas denominadas “Listado de agentes por destino”, donde cada docente firma cada vez que mensualmente recibe su recibo de haberes. No obstante ello no hay documentación fehaciente que respalde ningún tipo de “comisión” o situación de revista por todo el tiempo que la docente mencionada está afincada en Buenos Aires, mientras cobra horas cátedras como docente en la provincia.

No hay irregularidades”, según Benedetto

Sin embargo, rebatiendo la defensa de la señora Benedetto, digamos que el Consejo Provincial de Educación tiene en su haber, no solo uno, sino múltiples casos de irregularidades detectadas en nombramientos, altas y bajas del personal en la provincia y esto queda formalmente expresado en la Actuación Nº 88 del Tribunal de Cuentas que mediante Resolución Nº 707 del año 2018, dado en Acuerdo Ordinario 2715, intimó a las autoridades del CPE para que en un plazo de quince días remitiera a ese organismo de control “copia certificada de los instrumentos legales, indicando fecha de inicio y finalización en cada caso y lugar de prestación de servicio” de un extenso listado de agentes que se anexaron a dicha resolución y resolvió abrir un Juicio Administrativo de Responsabilidad, caratulado por el TC “PRESUNTO PERJUICIO PATRIMONIAL POR PAGO DE HORAS CÁTEDRAS EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA ACTUACIÓN Nº 88 – LETRA TC – AÑO 2018” que se tramita en ese cuerpo auditor por Expte 818.340 -TC- 2019.

En el mismo y de acuerdo al Art 58 de la Ley 500, el Tribunal de Cuenta designó como sumariante a la Dra Pierina R Perrig, a la vez que le impuso a la Presidenta del CPE Cecilia Velázquez una orden para que arbitre los medios a fin de que los responsables de aquellos departamentos que deben aportar dicha información, lo hagan en tiempo y forma. A partir de allí, el TC de Cuenta reconoció que la Directora Provincial de Recursos Humanos, Prof Edith Mansilla, por Disposición interna 065/19 procedió a informar que se dio de baja a 18 agentes y/o docentes establecidos por el TC en la lista que adjuntó. Pero eso no bastó, a instancias de los auditores.

El propio Tribunal de Cuentas señala en un párrafo de su argumentación resolutiva: “No obstante ello (NdR: el listado de Mansilla) la Auditoría pone de manifiesto presuntas irregularidades, en cuanto a que dichas horas cátedras, se designaron sin el Instrumento legal y la Planta Funcional correspondiente, que no se ha podido constatar el establecimiento educativo donde se realiza la prestación y que no se imprimieron recibos oficiales durante el ejercicio 2018”.

Y concluye: “Que, analizados los antecedentes preliminares, existen elementos de juicio suficientes para presumir la existencia de un Presunto Perjuicio Patrimonial, lo cual irroga poner en marcha los mecanismos previstos en el CAPÍTULO XI-JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD- Artículos 55 y 56 de la Ley Nº 500”, señala el TC tras lo cual resuelve iniciar el juicio administrativo dentro del Consejo Provincial de Educación.

No lo decimos nosotros

Atento a las amenazas escritas recibidas de parte de la señora Norma Benedetto, en la cual nos hace cargo de mentir, difamar y acusarla infundadamente de “transgredir las Normativas Vigentes”, lo que a su juicio sería una infamia, tras lo cual nos intima “a eliminar las publicaciones de nuestro diario y retractarnos por nuestro medio”, desde OPI queremos señalarle a la funcionaria que nosotros hemos observado y comunicado públicamente la transgresión a las reglamentaciones internas en el organismo de Educación de la cual forma parte, ADOSAC la acusa puntualmente de actos anti-reglamentarios y el Tribunal de Cuentas confirma oficialmente, la existencia de cientos de irregularidades similares o peores aún, lo cual pone la discusión en otro plano: no debe ser el mensajero el problema de la señora Benedetto, sino su propia gestión y de las autoridades con las que trabaja, quienes deben revisar para explicarle a la gobernadora y a la comunidad educativa en general, por qué se incumplen las directivas, la reglamentación y las leyes vigentes en materia de administración de recursos y personal en el Consejo Provincial de Educación del cual forma parte. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Cecilia Velázquez Educación

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