Maxia rescindió el contrato con el Municipio de Río Gallegos

Hace 4 meses Caleta Olivia

La empresa envió un telegrama al Municipio capitalino rescindiendo el contrato. Éste los intimó a operar el servicio de transporte público y adelantó que denunciarán el contrato firmado por Roberto Gi

Maxia rescindió el contrato con el Municipio de Río Gallegos

Autoridades del Municipio de Río Gallegos hicieron ayer una conferencia de prensa para anunciar la gravísima situación en la que cayó el contrato por el servicio de transporte público. Sucede que Maxia, la concesionaria, les envió una carta documento para rescindir el contrato por el presunto incumplimiento en pagos de subsidios que la administración de Pablo Grasso dice que son ilegales.

Según se pudo saber, hoy está previsto que el dueño y un abogado de la firma City Bus, de Río Grande, vengan a la ciudad a discutir un eventual desembarco.

La conferencia se hizo en horas de la tarde en instalaciones de la intendencia donde la secretaria de Gobierno, Celina Mansilla, el secretario de Hacienda, Diego Robles, la titular de Transporte Bárbara Biott, la coordinadora del Gabinete, Claudia Picuntureo y el asesor legal, Jorge Cabezas, dieron cuenta del contenido de la carta documento, en una jornada en la que los choferes de la empresa declararon un paro por falta de pago.

Ya en la víspera, Mansilla comunicó a juntas vecinales que la empresa estaba incumpliendo el contrato, aunque no hubo mayores precisiones. Ahora se sabe que esos serán los argumentos con los que el Municipio piensa llevar adelante una demanda penal contra el contrato que firmó el intendente macrista, Roberto Giubetich, por perjuicio contra la administración pública.

Durante todo este tiempo, la administración de Grasso dijo haber elevado una serie de intimaciones contra Maxia, para que cumpliera lo que firmó; Entre otras cosas, la empresa debería circular con un total de 22 unidades que debían tener ciertas características, como por ejemplo ser, algunas cero kilómetro, y otras, tener menos de diez años, sin embargo, se sabe que en el último tiempo dieron de baja, al menos, a cuatro colectivos que no fueron sustituidos.

La carta documento que envió Maxia en el día de ayer, hace referencia a las deudas que mantiene la administración con ellos y que vienen desde diciembre, cuando asumió Grasso y dejaron de reconocerles las nuevas estructuras de costo que fue presentando la empresa.

“El 15 de enero recibimos una carta documento en la que reclamaban la deuda por los subsidios municipales que fueron pagados entre el 17 y el 22 de ese mes. Pero nosotros, hemos rechazado el incremento de la estructura de costos que presentaron en diciembre, enero y febrero y les hemos requerido un montón de documentación anexa para poder analizar, que nunca fue remitida a esta Secretaría” dijo Diego Robles, titular de Hacienda.

El viernes último, transfirieron a Maxia $ 1.9 millones y ayer otros $ 3 millones a cuenta del subsidio mensual que es de $ 4.3 millones, quedando un saldo de más de $ 136 mil.

Por otra parte, queda una deuda de poco más de $ 4 millones de la estructura de costos de los meses de octubre y noviembre, cuando todavía Giubetich era intendente.

“Cuando vinieron, esta empresa recibió un anticipo de subsidio de $ 21 millones y de $ 6 millones, los cuales contemplan una actualización al valor del gasoil que se encontraba vigente al momento del otorgamiento y al actual, por lo que, si nosotros al día de hoy traemos esas deudas al valor del litro actual, la empresa le está debiendo a todos ustedes más de $ 35 millones” analizó luego Robles, para quien Maxia “no tiene la solvencia, ni la capacidad, ni la voluntad de atender las demandas de los vecinos”.

Por su parte, el secretario de Legales, Jorge Cabezas anunció que “en los próximos días vamos a avanzar en una denuncia penal porque entendemos que hay un grave perjuicio para el Municipio producto de este contrato”.

Los subsidios que recibe Maxia son dos$ 126 mil por unidad que se pagan de forma mensual y una compensación de subsidios nacionales que aparece luego de que la administración de Cambiemos eliminara el esquema para fomentar el transporte público.

Así, se llega a la suma de $ 147 mil por cada colectivo al mes.

¿Cómo es la estructura de costos?

Durante la gestión anterior, Maxia presentaba una serie de planillas con el detalle de sus gastos por repuestos, compra de llantas, gasto en gasoil, en aceite y demás, que el Municipio analizaba y financiaba, aparentemente, sin documentación que justifique que esos gastos existieron realmente.

Con el cambio de gestión, se le solicitó a la empresa que, a su vez, tuviese al día los pagos de los aportes patronales, salarios y demás, pero también que coloque 20 unidades en la calle con dos de reserva y las frecuencias del contrato.

Se abre un registro de transporte

Con la carta documento de ayer, la salida de Maxia se precipita y el Municipio ya piensa en su reemplazo. Hasta que eso suceda y aparezca una empresa interesada en operar en Rio Gallegos, una ciudad en donde el corte de boleto no permite ganancias todavía, se abrirá un registro para los interesados en realizar transporte de pasajeros.

El registro permanecerá abierto por 48 horas en la Dirección de Tránsito, para quienes posean trafic y demás vehículos que tengan la documentación en vigencia para funcionar como transporte público.

Maxia, la génesis

En 2016, a poco de su asunción como intendente de Caleta OliviaFacundo Prades contrató de manera directa a esta empresa, que no figuraba en los registros del Ministerio de Transporte de la Nación.

El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz emitió una resolución en la que ordenó a Prades, hacer un nuevo llamado a licitación por sendas irregularidades con la contratación de la empresa, que ni siquiera tenía fondos para funcionar, sino que recibió un anticipo de cerca de $ 9.8 millones del Municipio.

Un año más tarde, los vocales del Tribunal sacan una nueva resolución insistiendo con que se hiciera un nuevo llamado a licitación, pero para entonces, la empresa había iniciado una serie de conversaciones con otros Municipios. entre ellos Puerto Deseado Río Gallegos.

Actualmente, Maxia se está yendo de la ciudad del Gorosito y el distrito busca reemplazo.

En abril del año pasado, este diario dio a conocer en exclusiva que nuevamente el Tribunal de Cuentas, fallaba en contra de la empresa, esta vez por el contrato que firmó con el intendente Giubetich.

En una resolución unánime del Tribunal de Cuentas, quedó expuesta la maniobra del Municipio de Río Gallegos para beneficiar a la empresa privada que era vinculada con Cambiemos, a través de otra contratación directa.

Esta contratación llegó luego de dos licitaciones que quedaron desiertas, pero el Tribunal sospechó que todo obedeció a un ardid porque las diferencias entre las condiciones de pliego y las del contrato que se redactó para Maxia fueron abismales.

“En relación al anticipo, los pliegos de la licitación fracasada establecían un monto de $ 12 millones, pero la contratación directa fue por $ 21 millones”, decía la resolución que se votó por unanimidad.

La auditoría dijo que “el pliego licitatorio indicaba que el anticipo financiero sería de $ 12 millones y finalmente, el otorgado fue un 75% mayor.

Por si fuera poco, la auditoría reveló que “no consta la documentación que acredite el valor de mercado tentativo de las unidades 0Km., por lo que la cuantificación que realiza el Municipio carece de sustento. Sin perjuicio de ello, en los hechos, el Municipio está financiando a la concesionaria para la adquisición de automotores nuevos… que, a fin de cuentas, redunda en una capitalización a favor de la firma comercial”.

“Serio riesgo económico”

En la cláusula novena del contrato, la Municipalidad asumió la responsabilidad laboral del personal, haciéndose cargo de las indemnizaciones por cualquier modo de extinción del contrato de trabajo.

Para el Tribunal de Cuentas, “la responsabilidad laboral que asume el Municipio conlleva a un serio riesgo económico, teniendo presente que, ante situaciones de desvinculación encausada, el concepto de mayor significancia económica que integra la indemnización es, precisamente, la antigüedad del trabajador”.

En definitiva, los vocales advirtieron hace casi un año, lo que finalmente ira a denunciar el Municipio actual.

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